Guatemala comenzó el año 2002 en un ambiente de remilitarización, que el gobierno se ocupó luego de camuflar a raíz de las exigencias de la comunidad internacional reunida en el Grupo Consultivo, con el afán de acceder a un préstamo del FMI de 1,300 millones de dólares que finalmente le fue otorgado.
Para solicitar el crédito fueron destituidos seis funcionarios militares recientemente llegados al Ministerio de Gobernación; pero el titular del Ministerio, general Arévalo Lacs, cuestionado por MINUGUA y por Amnistía Internacional por su actuación en la pasada guerra, fue mantenido en su cargo por el presidente. También hubo iniciación de causas por corrupción de funcionarios del Estado para encuadrar ajustadamente en la imagen de país que espera la comunidad internacional.
Sin embargo, inmediatamente otorgado el préstamo ocurrieron dos casos fuertes de abusos del Estado, uno de ellos el asesinato de un testigo del juicio que se está llevando contra el vicepresidente Reyes López. La impunidad, como en otros tantos casos, el más relevante el de Monseñor Gerardi, se garantiza con la investigación que hace aparecer el crimen como un caso de delincuencia común, y protege a los autores intelectuales si es que se captura a los hechores materiales.
Los Acuerdos de Paz, una agenda olvidada, volvieron a ser mencionados en esta coyuntura. Entre los incumplimientos destaca el hecho de que aún no se ha procedido a la abolición del Estado Mayor Presidencial, que siempre centralizó las labores de inteligencia militar y represión. Por otra parte, desde 1999 se ha producido un progresivo aumento del gasto militar, al mismo tiempo que se produce un recorte al presupuesto de la Academia de la Policía Nacional Civil, y por supuesto en Salud y Educación.
La militarización de la seguridad interna empieza a retomar sus bríos de antaño, ahora favorecida por el contexto internacional de reactivación de las políticas de seguridad nacional. El apoyo logrado por el FRG, promovido especialmente por Estados Unidos, no está desvinculado del carácter instrumental que idóneamente juega este partido para los intereses de los políticos neoliberales, ante los cuales importantes sectores del capital tradicional tienen sus objeciones. Por otra parte, ¿qué puede ser más funcional a la política internacional basada en la seguridad y la lucha antiterrorista que un gobierno que cobija a los principales exponentes históricos de esa doctrina en Guatemala?.
La sociedad en su conjunto también experimenta un proceso de vuelta al pasado en materia de militarización. El FRG, partido de gobierno, consolida lealtades entre los ex comisionados militares y ex jefes de patrullas civiles, muchos de ellos ahora autoridades municipales en el interior del país, con miras a las próximas elecciones presidenciales . Ante el aumento de la pobreza, la preferencia de las personas por las soluciones autoritarias es una ecuación estudiada por la sociología.
Las cifras de las pobreza no cesan de aumentar, puestas a la luz en los rostros del hambre que ha provocado varias muertes en Jocotán y Camotán, departamento de Chiquimula. Según las conclusiones del Cuarto Informe Nacional de Desarrollo Humano, (INDH) Guatemala, el Financiamiento del Desarrollo Humano), presentado por el PNUD el 27/10/2001, las desigualdades entre ricos y pobres se han acrecentado, sólo dos mil hogares, (el uno por millar del total) tienen un ingreso anual de casi dos millones de quetzales. En contraste, más de la mitad de los guatemaltecos viven en la pobreza y la pobreza extrema. Las cifras de la corrupción son iguales a las que el gobierno prometió dedicar a la campaña contra la pobreza.
En este contexto la gente sigue luchando por recuperar a sus muertos, recuperar la verdad de su historia; esto significa una lucha con sectores interesados en mantener el silencio acerca de lo sucedido en los decenios 80 y 90. No hay que olvidar que quien controla el pasado , controla el futuro. Además, quien controla el pasado, controla quiénes somos .
Esta lucha de la gente es la que tratamos de apoyar con nuestro trabajo de salud mental tratando de crear espacios de participación que se constituyan en mínimas garantías para que las víctimas de la violencia de Estado puedan reclamar sus derechos. El terror implementado en los años 80 se reactiva constantemente a través de elites locales ligadas a las fuerzas armadas, que permanecieron en el poder desde entonces. El miedo que existe en la mayoría de la población, y que llama al silencio sobre los hechos de la guerra, sigue siendo "una reacción normal frente a situaciones anormales" (Perren-Klinger, 1996) , ya que la situación de amenaza nunca ha cesado. Los métodos del terror fueron asimilados por estas elites favorecidas por el ejército y lo ejercen a través de amenazas, rumores, y distintas formas de violencia en las que muchas veces comprometen a la población, acostumbrada ya a la sumisión y que teme a las consecuencias de enfrentar a este poder que quedó establecido por la fuerza. Los linchamientos suelen ser demostraciones de la capacidad que tienen estos grupos de ejercer el poder, coherente con la política de transformar el asesinato político en delincuencia común. Koonings y Krujit (1999:2) señalan que: "De todos los países del continente, Guatemala es uno de los ejemplos más significativos de una sociedad del miedo" .
Esta lucha de la gente continúa en este momento a través del proceso de exhumaciones, al que se ha tratado de mecanizar y privar de sentido. Sin embargo las exhumaciones, a pesar de todas las conflictiva que provocan en las comunidades, ya que siguen asustando a las malas conciencias, han traído tranquilidad a muchas personas que han logrado inhumar a sus familiares con la dignidad que se merecen y con los ritos correspondientes a sus tradiciones.
Muchas personas están luchando por llevar a juicio a los responsables intelectuales del genocidio, los generales Lucas García y Efrain Ríos Mont, actual presidente del Congreso y dirigente máximo del partido de gobierno. También se ha logrado la condena para los autores materiales las masacres de Río Negro y Agua Fría: tres comisionados militares, y recientemente a un expatrullero, acusado por su víctima, de violación y del asesinato de los padres de ella.
En este año se espera que comience el proceso de resarcimiento y se espera que, debido a la cercanía de las elecciones, el partido de gobierno lo emplee como estrategia electoral. Trabajamos para incidir en que este proceso no traiga una mayor división en las comunidades y no se constituya en un disuasivo para la demanda de justicia.
En cuanto a la lucha contra la pobreza, existen diversas organizaciones que reclaman por la tenencia de la tierra, se ha realizado un Foro para la resistencia al Plan Puebla Panamá y se van consolidando organizaciones de base.
Como trabajadores de salud mental consideramos que en nuestro trabajo acompañamos estos procesos que está llevando la gente para construir una sociedad donde se respeten sus derechos y tratamos de fortalecer a las personas que quedaron afectadas, como las víctimas de la tortura, y apoyar a quienes se sienten amenazados. Aunque las perspectivas para la construcción de una sociedad más equitativa parecen desvanecerse en la actual situación mundial, creemos que la única alternativa es la resistencia.