Algunos factores, como el origen común histórico y cultural de los países de la Península Ibérica y sus pueblos, caracterizados por la diversidad étnica y la inserción económica y política en la periferia del capitalismo, proporcionaron a los países de Latinoamérica un subdesarrollo crónico y condiciones insuficientes para que se invierta en el bienestar social de sus pueblos.
En función de esas condiciones, se podría pensar que los sistemas de salud también tuvieran semejanzas en su organización. Sin embargo, cada país adoptó políticas diferenciadas, aunque pudiesen muchas veces basarse en principios semejantes.
En Brasil, en consecuencia de la extensión de su territorio y su historia política y social, el desarrollo de un programa de salud se convirtió en algo bastante complejo, sin nunca lograr una integración de forma racional.
A partir de 1982, tuvo inicio la lenta transición para la democracia, con la elección de los primeros gobernadores de los estados, que se reflejó en el campo de la salud a través de una lucha por el derecho universal a la salud asegurado por el Estado y ejecutado por el Sistema Único de Salud - SUS -, universal, integrado y participativo.
Esa fue la bandera del "movimiento sanitario", que con su dedicación logró que el Congreso Nacional editara en la Constitución de 1988 los fundamentos principales del SUS, promulgados por medio de una ley orgánica en 1990 (Ley 8080/90). Pese a todos los esfuerzos, los impactos en los niveles de salud de la población aún son bastante tímidos.
Sin embargo, la ausencia de un gran pacto social y político alrededor de la propuesta inicial ha redundado en resistencias, aún presentes, en varios segmentos, principalmente en la etapa de implantación del sistema.
Dominado por la ortodoxia neoliberal, el escenario mundial ha sido adverso a la reforma sanitaria brasileña, que también encontró obstáculos dentro de segmentos del gobierno, principalmente en el área económica, preocupada con la reducción de la máquina administrativa y la privatización de las empresas públicas.
Los intereses del empresariado privado de la medicina también han creado barreras que dificultan los esfuerzos de implantación del SUS. Además, la industria farmacéutica, en su mayor parte internacionalizada, impone reglas, productos y precios tanto al gobierno cuanto a la población.
La mejoría en la calidad de asistencia y el acceso a servicios y medicamentos por la población son objetivos aún distantes.
Entre otros factores, las disparidades económicas y sociales brasileñas crean obstáculos a cualquier plan equitativo de salud. Por ejemplo, en 1993, 40% de los hogares más pobres obtuvieron 12,6% de la renta, mientras los 40% más ricos se apropiaron de 42,2% (Schatar, 1998, apud Labra, 2002).
Ese escenario propició la reaparición de varias enfermedades que se consideraban erradicadas, como la dengue, la tuberculosis y la lepra.
En el campo de la salud mental, la política hegemónica de Brasil ha sido marcada, a lo largo de décadas, por un modelo centrado en la internación en hospitales psiquiátricos. La violencia, la represión y la imposición del silencio fueron prácticas comunes, e individuos quedan encerrados en hospicios, muchos por toda la vida.
El primer hospicio se fundó en 1852, en conmemoración a la emancipación del emperador Pedro II, recibiendo el nombre Hospicio de Pedro II. A partir de esa época, con la proliferación de los hospicios, la forma de tratamiento quedó centrada en la internación en grandes instituciones psiquiátricas, utilizándose a la psiquiatría para practicar las más diversas atrocidades.
Ese modelo tuvo su apogeo en la década de 1970, durante el régimen militar, incluso privatizándose lechos con la contratación de servicios privados por medio de asistencia médica y seguridad social pública.
A partir de la década de 80, inmersos en movimientos civiles que buscaban la democratización y una mayor participación popular en los rumbos de la nación, han surgido grupos de profesionales en salud mental asociados a segmentos de la sociedad civil que se organizaron para combatir el modelo psiquiátrico excluyente y basado en prejuicios, buscando una política de salud mental ecuánime, inclusiva, extrahospitalaria y de base comunitaria.
En paralelo a los movimientos de denuncias, se buscaron transformaciones dentro de hospitales públicos, comenzándose un proceso de democratización de las relaciones entre técnicos y pacientes y la humanización de los procedimientos, también señalando hacia la reducción de lechos hospitalarios.
Finalmente, tras más de una década tramitando en el Congreso Nacional, la Ley no 10.216/01 fue aprobada y sancionada por el Presidente de la República el día 6 de abril de 2001. Esta ley dispone sobre la protección y los derechos de las personas poseedoras de trastornos mentales y reorienta el modelo asistencial de la salud mental.
Actualmente, en el ámbito del gobierno, hay un fuerte colegiado de coordinadores estatales y municipales comprometidos con la creación de condiciones técnicas y políticas que aseguren el derecho al tratamiento y la organización de una red de atención integral a la salud, por medio de dispositivos sanitarios y socioculturales que integren varias dimensiones de la vida del individuo. Ese movimiento tiene como directriz principal de acción la reorientación del modelo asistencial hospitalocéntrico, aún predominante, creando una red de servicios de complexidad pequeña y media para la atención psicosocial en cada territorio.
Se están buscando implantar, en nivel municipal, Centros de Atención Psicosocial (CAPS) que funcionan como un dispositivo estratégico, articulando, con una lógica de red, las demás instancias de cuidados básicos de salud, incluyendo el Programa de Salud de la Familia, redes de ambulatorios, atención terciaria (internaciones) y actividades de cuidado y apoyo social, como, por ejemplo, hogares de abrigo, empleos protegidos, entretenimiento, abogacía de derechos y cuestiones de seguridad social.
Los primeros CAPS surgieron en áreas históricamente carentes de bienes y servicios y, en algunos estados, ya está en curso la implantación de una serie de servicios en los moldes de oficinas terapéuticas. Las Residencias Terapéuticas ya funcionan en algunos municipios, principalmente en las regiones Sudeste y Sur del país.
Hay un esfuerzo orientado hacia la implantación de una política de salud mental para que, de hecho, se promuevan cambios en el uso y la gestión de los recursos y se invierta en las potencialidades de la comunidad, buscando la responsabilidad por el cuidado como una práctica de varios agentes, instituciones, el sistema de salud y la sociedad.
Pese a todos esos esfuerzos, el escenario todavía se presenta de forma cruelmente triste, en que la internación psiquiátrica permanece como medida hegemónica y la cronificación y medicalización son consecuencias de una práctica aún no dirigida al bienestar de la población.